Una presunta filtración del software espía Pegasus por parte del grupo APT IRGC, vinculado al régimen iraní, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el uso estatal de vigilancia digital en México. Aunque aún no se confirma la autenticidad del código filtrado, expertos temen que una herramienta tan poderosa caiga en manos indebidas o sea replicada.
El programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permite infiltrarse en dispositivos móviles sin interacción del usuario y ha sido ampliamente utilizado en México desde 2011. Se estima que el país ha invertido más de 60 millones de dólares en esta herramienta, usándola para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su promesa de frenar esta práctica.
Investigaciones de organizaciones como R3D, Artículo 19 y Citizen Lab documentaron múltiples casos confirmados de espionaje entre 2019 y 2023, incluyendo a personas clave como Ricardo Raphael, Raymundo Ramos, Alejandro Encinas, Santiago Aguirre y otros actores involucrados en el caso Ayotzinapa.
El software fue operado por la Sedena sin autorización judicial, a través de contratos con empresas fachada como Comercializadora Antsua, repitiendo esquemas opacos similares a los usados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Además del caso Pegasus, han surgido otras amenazas como los programas espía Predator y Candiru, lo que evidencia un ecosistema de vigilancia digital sin controles claros en el país. La demanda ganada por WhatsApp contra NSO Group confirmó que México fue el país con más víctimas de Pegasus en el mundo en 2019, con 456 casos registrados.
A pesar de las múltiples denuncias, hasta ahora ningún funcionario ha sido sancionado por el uso ilegal de estas herramientas. La Fiscalía General de la República ha sido criticada por su inacción, y la Sedena ha negado reiteradamente la existencia de los contratos, incluso frente a resoluciones de transparencia.
La vigilancia ilegal, usada como instrumento de control político y represión, representa una amenaza directa a la democracia y a los derechos humanos en México. La filtración de Pegasus reabre el debate urgente sobre la regulación del uso de tecnologías de espionaje, la rendición de cuentas institucional y la necesidad de garantizar la privacidad y la libertad de expresión en la era digital.