El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emitido una advertencia contundente: los trabajadores del Poder Judicial que se sumen al paro de labores en protesta contra la reforma judicial podrían perder sus salarios y, en algunos casos, hasta sus empleos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instruyó a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a suspender el pago de sueldos a aquellos que secunden la huelga, calificándola de “ilegal”.
A pesar de esta postura, López Obrador hizo un llamado a la reflexión, instando a los manifestantes a no dejarse manipular y a practicar la autocrítica. Sin embargo, mantuvo su posición al afirmar que la huelga es ilegal, tal como lo subraya el comunicado de Hacienda.
El paro, que ha involucrado a más de 1,200 jueces y magistrados en casi 20 estados del país, ha provocado la interrupción parcial de los tribunales, complicando aún más el acceso a la justicia. Mientras tanto, el CJF anunció que mantendrá un régimen de servicios mínimos para los casos más urgentes.
El presidente defiende la reforma como una medida necesaria para combatir la corrupción en el Poder Judicial, mientras que los jueces y magistrados la consideran una amenaza extrema que podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes.
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