El gobierno de Estados Unidos puso en marcha un nuevo programa para identificar a presuntos “terroristas domésticos”, instruyendo al FBI y a otras agencias federales a elaborar listados de personas consideradas amenazas internas y a establecer un sistema de recompensas para incentivar denuncias ciudadanas. La medida fue revelada por un reporte del Los Angeles Times y confirmada en un memorando fechado el 4 de diciembre.
De acuerdo con el documento, la fiscal general Pam Bondi ordenó localizar a individuos que, mediante violencia o amenazas, busquen impulsar agendas políticas o sociales consideradas contrarias a los valores estadounidenses, incluso aquellas relacionadas con posturas críticas al capitalismo o a principios cristianos. La directriz se deriva de la fuerza operativa contra “terrorismo doméstico” y “violencia organizada” que el presidente Donald Trump instruyó a desarrollar previamente, enfocada en grupos a los que su administración ha descrito como parte de la “izquierda radical”.
El memorando presidencial, emitido tras la muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk, argumenta que recientes hechos de violencia política son resultado de campañas coordinadas de intimidación, radicalización y agresiones que, según la Casa Blanca, buscan influir en decisiones de gobierno y alterar el funcionamiento democrático. En la orden, Trump instruyó a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a dependencias como el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen estas organizaciones.
Bondi también pidió desarrollar un sistema de recompensas que motive a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas. El documento menciona que las “agendas políticas y sociales” de interés incluyen oposición a leyes migratorias o posturas a favor de fronteras abiertas; sin embargo, no hace referencia a grupos vinculados al supremacismo blanco, lo cual ha generado cuestionamientos entre especialistas.
