El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluyó en el Paquete Económico 2026 un nuevo gravamen del 8% a los videojuegos con contenido violento, como parte de una estrategia de “impuestos saludables” que buscan desincentivar hábitos considerados de riesgo para la salud mental y social.
De acuerdo con la SHCP, diversos estudios internacionales han identificado una relación entre el uso intensivo de videojuegos violentos y un mayor nivel de agresión en adolescentes, así como efectos secundarios como aislamiento social, ansiedad y cambios de conducta.
La lógica detrás de este impuesto es equiparable a la que se aplica en productos como refrescos, tabaco o alcohol: al elevar su costo se pretende reducir el consumo, particularmente entre jóvenes y adolescentes, población más expuesta a estos contenidos.
El nuevo impuesto especial ad valorem, del 8% sobre el precio final de los videojuegos violentos, busca recaudar aproximadamente 183 millones de pesos anuales, según cálculos oficiales. Este monto forma parte de una estrategia más amplia con la que el Gobierno federal pretende fortalecer la recaudación y, al mismo tiempo, financiar programas de salud y prevención social.
Aunque Hacienda no ha publicado la lista específica de títulos o clasificaciones alcanzados, se prevé que el impuesto se aplique a:
- Videojuegos clasificados con contenido violento explícito (guerras, armas, sangre, criminalidad).
- Plataformas digitales que ofrezcan este tipo de títulos, incluyendo servicios de suscripción en línea.
- Copias físicas y descargas digitales comercializadas en territorio mexicano.
El reto será definir con precisión qué se considera “violento” y bajo qué clasificación oficial (como la ESRB en Estados Unidos o la PEGI en Europa) se aplicará la medida.
Por otro lado, organizaciones de padres de familia y sectores de salud mental han respaldado la medida, al considerar que puede funcionar como un filtro económico y reducir la exposición de menores a contenidos nocivos.
México sería de los primeros países en aplicar un impuesto específico a videojuegos violentos. En Estados Unidos se ha discutido una medida similar en algunos estados, sin llegar a concretarse. En Europa, aunque existen debates sobre la clasificación y regulación de contenidos, no se han establecido gravámenes especiales de este tipo.