El gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio por 30 días para enfrentar el repunte de violencia atribuido a pandillas y crimen organizado, tras una serie de disturbios que incluyeron motines en cárceles y el asesinato de ocho agentes de policía. El anuncio fue realizado por el presidente Bernardo Arévalo, quien aseguró que la medida busca recuperar el control del sistema penitenciario y restablecer la seguridad pública.
El estado de sitio autoriza a la Policía Nacional Civil y al Ejército a realizar operativos especiales contra las bandas delictivas. Como acción preventiva, el gobierno suspendió clases en algunas zonas, aunque afirmó que la vida cotidiana de la mayoría de la población no se verá afectada.
Durante el fin de semana, reclusos tomaron como rehenes a decenas de custodios en tres prisiones del país, en protestas coordinadas que, según el Ministerio de Gobernación, respondieron a la eliminación de privilegios a líderes criminales. El domingo, las autoridades recuperaron el control de los centros penitenciarios y liberaron a los guardias. Horas después, se registraron ataques armados que dejaron ocho policías muertos, hechos que el Ejecutivo atribuyó a represalias de las pandillas.
Arévalo reiteró que su administración fortalecerá la cooperación internacional, incluido el trabajo con el FBI, para combatir a las estructuras que, según el gobierno, operan desde las cárceles. También recordó que Estados Unidos sancionó a su antecesor, Alejandro Giammattei, por presuntas prácticas de corrupción, en un contexto de reformas bloqueadas por sectores conservadores.
Las autoridades señalaron a la pandilla Barrio 18 como responsable de algunos ataques. Esta organización fue designada como terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump en septiembre. El Ejecutivo guatemalteco afirmó que no cederá ante exigencias ilegales y mantendrá la ofensiva contra las pandillas.
