La diputada Luissana Ramos Pineda propuso una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para facultar a jueces penales a ordenar la inscripción de deudores alimentarios al Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Esta medida, que ya contempla el Código Civil, busca ampliarse a los procesos penales por incumplimiento de la obligación alimentaria, fortaleciendo la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La iniciativa, actualmente analizada por la Comisión de Justicia del Congreso, plantea que aquellos que acumulen más de 30 días sin pagar pensión alimenticia puedan ser inscritos directamente al padrón por decisión del juez de control o enjuiciamiento. Esto representaría una medida adicional para garantizar el derecho a los alimentos y combatir la impunidad en estos casos.
Ramos Pineda subrayó que el 75% de los hijos de padres separados en México no recibe pensión alimenticia, y que siete de cada diez padres incumplen esta obligación, según datos del INEGI y del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. La diputada advirtió que estos incumplimientos muchas veces constituyen violencia económica y vicaria, formas que deben ser visibilizadas y erradicadas.
La legisladora también cuestionó el plazo actual de 30 días que permite al deudor mantenerse fuera del registro, prolongando el daño a los menores. En este sentido, la propuesta endurecería las consecuencias legales del incumplimiento, facilitando su visibilidad ante instituciones y trámites como el pasaporte, licencias o cargos públicos.
A la propuesta se adhirió la diputada Marisol Bazán Fernández, y se espera su dictaminación en próximas sesiones del Congreso.