En medio de la creciente violencia contra los comunicadores en México, se revela que durante la administración de la Cuarta Transformación (4T), el Gobierno ha rechazado la solicitud de protección a 114 periodistas, lo que representa un 23 por ciento de las 485 solicitudes recibidas desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de octubre pasado.
Estos datos alarmantes contrastan fuertemente con la administración anterior, ya que los 114 rechazos casi duplican la cifra de los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, que sumaron 59 periodistas. Según cifras oficiales, la negación de acceso al Mecanismo de Protección se atribuye a la incapacidad de los solicitantes para demostrar su desempeño como periodistas o a situaciones que no justificaban la intervención del mecanismo. En algunos casos, los solicitantes ni siquiera completaron el proceso.
El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es el encargado de velar por la seguridad de los comunicadores en México. Desde su creación en 2012, ha confiado la implementación de medidas de protección a una única empresa privada, RCU Sistemas S.A de C.V.
RCU Sistemas proporciona medidas como botones de pánico, chalecos y circuitos cerrados de televisión, colocados fuera de los domicilios de los periodistas bajo protección. Sin embargo, un diagnóstico elaborado en 2018 por un grupo de organizaciones de la sociedad civil concluyó que los botones de pánico eran ineficaces, ya que en 11 de 13 casos no funcionaron correctamente.
El Observatorio de Periodistas de la UNESCO reporta que, durante el gobierno de AMLO, 57 periodistas han sido asesinados en México. De ellos, al menos 12 estaban en el Mecanismo de Protección, mientras que otros cuatro buscaron en vano ser incorporados debido a sentirse en riesgo. Además, se registra una agresión contra comunicadores cada 12 horas en el país.
Pedro Alonso Benítez, director del Informativo ProyectoCINCO, ingresó al Mecanismo en mayo y, aunque experimentó una rápida incorporación, reconoce deficiencias en la selección de casos. Clemencia Correa, directora de Aluna, organización de apoyo psicosocial a periodistas atacados, destaca que la violencia y la precarización laboral de los periodistas son problemas agudos en la actual administración.
Según datos del Mecanismo, el 39 por ciento de los posibles agresores de periodistas son servidores públicos, el 33 por ciento son particulares y el 26 por ciento no pueden ser identificados. La mayoría de las solicitudes de protección en los últimos cinco años provienen de la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En este contexto, Clemencia Correa afirma que “actualmente no hay ningún periodista en México que no corra riesgo por realizar su labor”.