Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados impugnaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un total de 26 candidaturas al Poder Judicial, argumentando que no cumplen con los requisitos constitucionales de buena reputación o promedio académico mínimo.
De las impugnaciones, 18 corresponden a personas presuntamente vinculadas con delitos como abuso sexual, peculado, desaparición forzada y vínculos con la delincuencia organizada. Las ocho restantes no cumplen con el requisito de contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura, tal como lo establece la convocatoria judicial.
Entre los casos más graves están los de Francisco Martín Hernández Zaragoza, imputado por abuso sexual y destituido en 2015; Andrés Montoya García, señalado por desaparición forzada; y Jesús Karina Almada Rábago, exdefensora de un presunto miembro del Cártel de Sinaloa.
Además, nombres como Fernando Escamilla Villarreal, Enrique Hernández Miranda y Conrado Alcalá Romo han sido señalados por beneficiar indebidamente a personas relacionadas con el crimen organizado.
La impugnación fue presentada el pasado 4 de mayo por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, quienes pidieron al INE garantizar que los aspirantes cumplan con los principios de ética, legalidad y profesionalismo que exige el sistema judicial.
El 1 de junio se llevará a cabo por primera vez en la historia una elección popular para integrar jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, como parte de la reforma impulsada por el actual gobierno.