El 58.7% de las personas candidatas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carecen de experiencia en el ámbito judicial, reveló el Primer Informe del Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria, coordinado por la Universidad Iberoamericana (IBERO) y otras instituciones académicas del país.
El estudio, realizado por estudiantes de diversas carreras y universidades como la UNAM, Anáhuac y Panamericana, analizó los perfiles de 64 aspirantes con base en más de 400 fuentes documentales y detectó graves deficiencias de experiencia, transparencia y accesibilidad en el proceso judicial extraordinario que se celebrará este 1 de junio.
Desigualdad de perfiles y falta de inclusión
Según el informe, sólo el 41.3% de los aspirantes tienen una carrera judicial comprobable. De forma desglosada:
- 62.5% de las mujeres candidatas cuentan con carrera judicial, mientras que el 80.65% de los hombres no la tienen.
- Más del 70% de los aspirantes carecen de especialización en temas prioritarios como derechos indígenas, desaparición forzada, medio ambiente y discapacidad.
“Muchos no tienen experiencia ni información pública verificable. Nos dimos cuenta de que no conocíamos a quienes aspiran a juzgar los casos más importantes del país”, afirmó Camila Solís, estudiante de Ciencias Políticas y co-coordinadora del Observatorio.
También se denunció la falta de estandarización en los currículos, así como el uso de perfiles personales poco profesionales en redes sociales. De hecho, solo el 0.28% del padrón electoral sigue a algún aspirante en plataformas digitales, lo que evidencia el bajo alcance del proceso, agravado por la prohibición de promocionarse en radio, televisión o eventos masivos.
Vínculos partidistas y preocupaciones éticas
El informe también alertó sobre posibles casos de nepotismo y vínculos políticos:
- 10 aspirantes estarían ligados a Morena.
- 8 al PRI, 3 al PRD, y 2 al PAN y Movimiento Ciudadano respectivamente.
- Además, se reportaron antecedentes por violencia de género y nexos con redes de poder.
Proceso excluyente para personas con discapacidad
Otro punto preocupante fue la falta de accesibilidad: el INE no habilitó boletas en braille ni intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, dejando en vulnerabilidad a votantes con discapacidad visual o auditiva.
Según el propio INE, la decisión se debió a recortes presupuestales y falta de tiempo, aunque se permitirá que personas con discapacidad acudan acompañadas por alguien de confianza para marcar su boleta.
“Es evidente que la reforma judicial necesita reformarse otra vez”, concluyó Camila Solís, al tiempo que el Observatorio hizo un llamado a repensar el modelo de elección judicial para garantizar acceso real, informado e inclusivo a la ciudadanía.