En la madrugada de este martes quedó formalmente instalado el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como la nueva autoridad administrativa del Poder Judicial de la Federación.
El OAJ quedó integrado por José Alberto Gallegos Ramírez, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández, Surit Berenice Romero y Néstor Vargas Solano, quienes fueron designados por los tres poderes del Estado. La Suprema Corte eligió a Gallegos Ramírez, Pérez Romo y Ramírez Hernández; el Senado nombró a Romero, mientras que el Ejecutivo designó a Vargas.
La instalación ocurrió a destiempo, pues según el artículo Sexto Transitorio de la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, el OAJ debía iniciar funciones al mismo tiempo que tomaban protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, lo cual ocurrió anoche en el Senado.
El nuevo órgano tendrá amplias facultades: manejar la carrera judicial, definir la organización territorial de tribunales y juzgados, vigilar el presupuesto sin posibilidad de crear fideicomisos, reasignar adscripciones y sedes judiciales, así como expedir acuerdos generales. También será responsable de la seguridad de juezas y jueces en casos vinculados a delincuencia organizada, y de la concentración de asuntos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
Además, estará al frente de la Escuela Nacional de Formación Judicial y del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sus integrantes durarán seis años en el cargo sin reelección, con una presidencia rotatoria cada dos años.
El nombramiento no estuvo libre de polémica. Según fuentes de la Corte, la ministra Lenia Batres Guadarrama objetó que la elección se realizara en sesión privada, aunque finalmente la designación se aprobó por unanimidad.
Con esta instalación, el CJF queda extinto y se abre paso a un nuevo modelo de administración judicial en México, con el reto de consolidar un sistema más transparente, eficiente y cercano a la ciudadanía.