En un reciente movimiento judicial, jueces han emitido suspensiones que buscan frenar la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados y evitar que la iniciativa sea turnada a las legislaturas locales.
La primera suspensión proviene de la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien dictaminó que la iniciativa de reforma constitucional no podrá ser discutida ni votada en San Lázaro. La jueza también estableció que las autoridades deben notificar al juzgado sobre el cumplimiento de esta suspensión en un plazo máximo de 24 horas.
La segunda suspensión, de oficio, ordena que, en caso de que el decreto de reforma sea aprobado en el Congreso de la Unión, las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado deben abstenerse de enviarlo a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
Estas suspensiones han generado una fuerte reacción en la bancada de Morena, liderada por Ricardo Monreal, quien las calificó de inadmisibles e improcedentes, argumentando que van en contra de la Constitución y que representan una intromisión en las facultades del poder legislativo. Monreal aseguró que Morena no acatará las instrucciones de los jueces, afirmando que estos no tienen competencia en la materia y que responderán únicamente al mandato del pueblo, expresado en las urnas.
La reforma en cuestión, aprobada en comisiones el pasado 26 de agosto, propone, entre otros puntos, que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular. Morena y sus aliados planean someterla a votación en el pleno en septiembre, donde cuentan con los dos tercios necesarios para modificar la Constitución.
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