Un grupo de aproximadamente 1,100 jueces y magistrados de Circuito ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actúe de manera urgente para evitar la aprobación de la reforma judicial en México. Según el magistrado José Manuel Torres, quien lidera esta petición, la reforma propuesta podría ser un golpe de Estado encubierto, disfrazado de un discurso democratizador que, en realidad, busca concentrar todo el poder y socavar los principios fundamentales de la democracia.
Torres afirmó que los diálogos previos a la reforma fueron simulados y que el dictamen resultante, que ya está programado para discusión en la Cámara de Diputados, exacerba lo que él considera una “intentona golpista”. Advirtió que la reforma no está diseñada para mejorar la justicia, sino para eliminar a los jueces independientes y sustituirlos por personas leales al partido en el poder, lo que pondría en riesgo la imparcialidad del sistema judicial.
Los jueces y magistrados han fundamentado su petición a la CIDH en estándares internacionales, argumentando que la destitución masiva de jueces independientes representaría una violación de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta al acceso a la justicia y las garantías judiciales.
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