Karen Bass enfrenta al ICE tras redada con militares en parque infantil

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Una de las historias más macabras de la guerra en los Balcanes vuelve a salir a la luz.

Karen Castrejón celebra reforma ambiental impulsada por el Partido Verde El Senado de la República aprobó el 8 de diciembre reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para permitir que la Guardia Nacional participe en tareas de inspección y vigilancia dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP). La propuesta obtuvo mayoría a favor, ocho abstenciones y fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación. Consultada por Zamudio Noticias, la senadora Karen Castrejón Trujillo afirmó que con esta decisión “se concluye el proceso legislativo de la iniciativa que presenté como diputada federal en la LXV Legislatura, para saldar una deuda con el medio ambiente, con las comunidades que lo protegen y con las instituciones encargadas de la política ambiental”. Añadió que las reformas permitirán que la Guardia Nacional intervenga para defender las áreas protegidas ante amenazas del crimen organizado. “Desde el Partido Verde Ecologista México confirmamos nuestra convicción de preservar el patrimonio natural de México para el bienestar de todas y todos”, expresó. La reforma busca fortalecer el trabajo de Semarnat y Profepa frente al aumento de delitos ambientales y la presencia de grupos criminales en zonas forestales. Entre 2020 y 2024 México perdió 841 mil 406 hectáreas de bosques por deforestación, una cifra que, según especialistas, evidencia la urgencia de garantizar seguridad operativa a inspectores y guardaparques que con frecuencia enfrentan riesgos durante sus labores de campo. Durante la discusión, Castrejón recordó que México es un país megadiverso, pero enfrenta amenazas sin precedentes derivadas de la tala clandestina, el tráfico ilegal de especies y el cambio de uso de suelo. Señaló que los guardaparques realizan una labor “heroica”, aunque frecuentemente se ven rebasados ante grupos delictivos que explotan los recursos forestales como botín económico. Reiteró que la reforma no implica militarizar la política ambiental, pues la autoridad seguirá en manos de las instituciones ambientales, mientras que la Guardia Nacional solo actuará a solicitud expresa para brindar seguridad durante inspecciones. Legisladores de diversos partidos coincidieron en que la falta de un marco jurídico claro había dejado a los ecosistemas terrestres en desventaja frente a las zonas marinas, donde la Secretaría de Marina ya participa formalmente en vigilancia ambiental. Con la reforma, se institucionaliza esta colaboración operativa, tomando como referencia antecedentes exitosos como la extinta Gendarmería Ambiental, que logró disminuir la tala ilegal en zonas críticas del país.