El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para permitir que la Guardia Nacional apoye en la inspección y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La propuesta, que obtuvo mayoría a favor y ocho abstenciones, fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación.
La reforma busca reforzar el trabajo de Semarnat y Profepa frente al aumento de delitos ambientales y la presencia de grupos criminales en zonas forestales del país. Entre 2020 y 2024 México perdió 841 mil 406 hectáreas de bosques por deforestación, cifra que evidencia la urgencia de fortalecer la protección ambiental y garantizar seguridad a inspectores y guardaparques, quienes con frecuencia enfrentan riesgos durante sus labores.
Durante la discusión, la senadora Karen Castrejón Trujillo señaló que la riqueza natural de México enfrenta amenazas sin precedentes, como la tala clandestina, el tráfico ilegal de especies y el cambio de uso de suelo.
La legisladora federal recordó que presentó dicha iniciativa en la Cámara de Diputados en su momento, y que los guardaparques realizan una labor “heroica”, pero a menudo se encuentran rebasados ante grupos delictivos que ven en los recursos forestales un botín económico. Afirmó que la reforma no representa una militarización de la política ambiental, pues la autoridad seguirá en manos de las instituciones ambientales, mientras que la Guardia Nacional solo actuará cuando sea solicitada para brindar seguridad en las diligencias.
Legisladores coincidieron en que la falta de un marco legal claro había dejado a los ecosistemas terrestres en desventaja frente a zonas marinas, donde la Secretaría de Marina ya participa en vigilancia ambiental. Con esta reforma, se formaliza la colaboración operativa, tomando como antecedente experiencias exitosas como la de la extinta Gendarmería Ambiental.
