La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, y su yerno Abel Chávez Salinas, están siendo investigados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), tras una denuncia presentada por el poderoso despacho legal Quinn Emmanuel. La acusación fue promovida por las hermanas Garza en el marco de un litigio contra el banco Santander, en el que presuntamente hubo tráfico de influencias y corrupción.
El caso se suma a recientes señalamientos que vinculan a Ortiz y su yerno con Rafael Zaga Tawil, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos del Infonavit. A pesar de estar prófugo en EE. UU., Zaga continúa litigando en México, incluso exigiendo mil millones de pesos a Actinver, institución que pidió judicialmente suspender sus facultades fiduciarias.
Ortiz ha sido señalada por votar en favor de Zaga en este litigio, a pesar de que los fondos en disputa fueron transferidos por el propio Zaga a cuentas personales. Críticos del caso califican como “inconcebible” que una ministra cercana al proyecto de la Cuarta Transformación defienda a un personaje acusado de desfalcar al Infonavit.
También se investiga un posible conflicto de interés con el abogado Jordi Oropeza, vinculado a Chávez Salinas, en los casos de Santander y Actinver. La SEC evalúa la posibilidad de presentar cargos por tráfico de influencias en contra de figuras del sistema judicial mexicano, en medio del actual proceso de elección de nuevos ministros.
Estas revelaciones refuerzan los argumentos a favor de una reforma judicial, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha calificado como inadmisible la corrupción en el Poder Judicial.