México enfrenta un incremento sostenido de ataques cibernéticos contra instituciones públicas federales y estatales, lo que ha puesto en el centro del debate la seguridad digital y la protección de datos personales. La UNAM confirmó recientemente que varios de sus sistemas informáticos fueron vulnerados, aunque aclaró que no hubo extracción de información personal de estudiantes, docentes ni trabajadores, tras activar sus protocolos internos y dar aviso a las autoridades competentes.
El caso de la UNAM se suma a reportes periodísticos sobre megafiltraciones de datos que han afectado a dependencias federales y gobiernos locales. En semanas recientes, medios nacionales han documentado presuntos ataques a plataformas relacionadas con el SAT, así como a sistemas estatales, donde Sonora ha sido señalado como uno de los territorios más afectados por la exposición de bases de datos y documentos oficiales.
Especialistas en ciberseguridad advierten que estos incidentes revelan rezagos tecnológicos, falta de inversión y una escasa coordinación institucional para responder a amenazas digitales cada vez más sofisticadas. Ante este escenario, en el Congreso se analiza una iniciativa de Ley de Ciberseguridad, cuyo objetivo es establecer un marco legal para prevenir ataques, proteger infraestructura crítica y definir responsabilidades ante la filtración de información gubernamental.
En estados como Guerrero, expertos reconocen la necesidad de reforzar sistemas locales antes de que ocurran incidentes de alto impacto.
