El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México actuará con “sangre fría” ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel global de 10% a las importaciones provenientes de cualquier parte del mundo.
Durante una gira en Querétaro, el funcionario explicó que el gobierno mexicano analizará con cautela las implicaciones de la medida antes de fijar una postura definitiva.
La decisión del mandatario estadounidense surge luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos invalidara buena parte de los aranceles que su administración había impuesto previamente a terceros países, al considerar que no tenía autoridad constitucional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Ebrard recordó que actualmente 85% de los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos no pagan arancel, lo que coloca al país en una posición relativamente favorable.
Los gravámenes vigentes se concentran principalmente en:
- Vehículos
- Acero
- Productos derivados del acero y aluminio
Estos aranceles, explicó, se sustentan en otra disposición legal distinta a la que fue invalidada por la Corte.
El titular de Economía adelantó que viajará a Estados Unidos la próxima semana para reunirse con autoridades y confirmar con mayor precisión el alcance de la nueva orden ejecutiva anunciada por Trump.
“Lo prudente es revisar cuáles serán las disposiciones específicas que se adopten y establecer contacto a la brevedad con nuestras contrapartes”, señaló.
También subrayó que México no fue incluido previamente en los llamados “aranceles recíprocos” anunciados en abril del año pasado, por lo que ahora será clave determinar si el nuevo arancel global modifica esa condición.
El anuncio de un arancel generalizado de 10% podría tener implicaciones para el comercio global, ya que afectaría importaciones de múltiples países. Trump adelantó además que iniciará investigaciones que podrían derivar en nuevos impuestos a productos extranjeros.
Por ahora, el gobierno mexicano sostiene que evaluará el impacto económico y jurídico antes de definir cualquier medida de respuesta, priorizando la estabilidad comercial y la defensa de los intereses nacionales.
