El gobierno de México expresó su inconformidad con el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las inéditas elecciones judiciales del 1 de junio. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la administración de Claudia Sheinbaum rechazó las recomendaciones del organismo y aseguró que la OEA se extralimitó en sus funciones.
En una carta dirigida al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, el gobierno mexicano acusó a la misión de violar el principio de no intervención. “Una misión de observación no puede imponer criterios sobre cómo un país debe organizar su Poder Judicial, ni emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”, señaló la SRE.
El reporte de la OEA advirtió sobre problemas en el modelo de elección popular de jueces y magistrados, utilizado por primera vez en México, al que calificó como riesgoso para la independencia judicial. También criticó la baja participación ciudadana (13%), los votos nulos y la distribución de listas con candidatos recomendados, lo que podría constituir coacción al voto.
El gobierno mexicano defendió el proceso, alegando que fue legal y transparente. Sin embargo, la OEA, junto con organismos como la ONU y la CIDH, reiteraron su preocupación sobre la compatibilidad de la reforma con estándares internacionales de autonomía judicial.