Las personas más ricas del planeta tienen una probabilidad hasta 4.000 veces mayor de ocupar cargos públicos que el resto de la población, de acuerdo con el más reciente informe anual sobre desigualdad de Oxfam. El estudio revela que 74 de los 2.027 multimillonarios del mundo ocuparon cargos ejecutivos o legislativos en 2023, lo que representa una probabilidad del 3,6%, frente al 0,0009% del ciudadano promedio a nivel global.
El informe subraya la relación directa entre desigualdad económica y desigualdad política. Rebecca Riddell, responsable de políticas de justicia económica en Oxfam América, advirtió que este fenómeno refleja el poder desproporcionado que concentran los ultrarricos en la toma de decisiones públicas. Los datos fueron elaborados con información de Forbes y otras fuentes internacionales.
La publicación coincide con el inicio del Foro Económico Mundial en Davos y con el primer aniversario del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Oxfam, su administración ha integrado el gabinete más rico de la historia moderna del país, impulsando políticas como recortes de impuestos a los más acaudalados y reducciones al gasto social, lo que ha profundizado la desigualdad.
El reporte también señala que la riqueza global de los multimillonarios alcanzó un récord de 18,3 billones de dólares en 2025, con un aumento de 2,5 billones en un solo año, casi equivalente a la riqueza conjunta de 4.100 millones de personas. En Estados Unidos, el patrimonio de los multimillonarios ronda los 8 billones de dólares y el país concentra a 932 de ellos. Oxfam advierte incluso que Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo si mantiene el ritmo de crecimiento de su fortuna.
Mientras tanto, la reducción de la pobreza global permanece estancada desde niveles similares a los de 2019, con cerca de 3.800 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza. Ante este panorama, Oxfam propone aumentar impuestos a los ultrarricos, fortalecer los derechos laborales, combatir monopolios y reforzar los servicios públicos, como vía para reducir la desigualdad y proteger la democracia.
