Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones que obligará a los usuarios a presentar su CURP para contratar servicios de internet. Esta medida busca reforzar el control y la regulación del sector, aunque ha generado polémica por el posible impacto en la privacidad.
El dictamen también autoriza a las autoridades a solicitar datos personales de los usuarios y geolocalización de sus equipos en tiempo real sin orden judicial, lo cual ha sido calificado como un “Estado espía” por voces de la oposición, como el senador Ricardo Anaya.
Además, la ley elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encargada de regular el sector.
Aunque el gobierno asegura que esta ley garantizará internet en zonas marginadas, críticos temen un aumento en la vigilancia y censura de contenidos.