La Isla Cerralvo, también conocida como Isla Jacques Cousteau, ha sido puesta presuntamente en venta en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre por la suma de 115 millones de dólares, lo que ha generado controversia y preocupación en sectores ambientales, sociales y gubernamentales.
El anuncio, que lleva al menos cuatro meses activo, fue publicado por la firma inmobiliaria Keller W. Metropolitan, verificada en la plataforma. Aunque no menciona directamente el nombre de la isla, las imágenes satelitales y la ubicación coinciden con la de Cerralvo, localizada frente a las costas del municipio de La Paz, en Baja California Sur.
¿Isla en venta o patrimonio en riesgo?
La isla, de más de 11,300 hectáreas, forma parte del patrimonio natural del país y fue declarada en 2005 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, al estar incluida en el sistema de islas y áreas protegidas del Golfo de California.
A pesar de ello, el anuncio la promueve como una propiedad privada con “reserva ecológica y potencial para desarrollo sostenible”, en la que se podrían construir hoteles, viviendas, un aeropuerto, muelles y otras infraestructuras turísticas. También se detallan propuestas de ecoturismo y actividades como buceo, ciclismo de montaña y cabalgatas.
Incertidumbre legal y ambiental
Hasta el momento, no hay claridad sobre la legalidad de la venta ni de los posibles proyectos de infraestructura que se mencionan. Especialistas ambientales y autoridades locales han expresado preocupación sobre el riesgo que representa una transacción de esta magnitud sin una revisión oficial de su viabilidad legal y ecológica.
Activistas y ciudadanos han comenzado a exigir una revisión urgente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de instancias internacionales como la Unesco. Aseguran que la comercialización de una zona de alto valor ecológico vulnera los principios de protección de la biodiversidad marina y del desarrollo sustentable.
¿Oportunidad o amenaza?
Para algunos inversionistas, la operación representa una oportunidad para generar desarrollo económico en la región bajo un modelo sustentable. No obstante, expertos advierten que cualquier intervención en un ecosistema tan frágil debe regirse por estrictas normativas ambientales.
El caso ha abierto el debate sobre los límites entre el desarrollo turístico, la especulación inmobiliaria y la protección de espacios naturales que, por su valor biológico, deberían mantenerse bajo resguardo del Estado mexicano.