Expertos en seguridad coincidieron en que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un esfuerzo importante para recuperar la estabilidad en la entidad, aunque advierten que su éxito dependerá de la continuidad, la coordinación regional y la atención real a las causas sociales de la violencia.
El consultor en seguridad pública David Saucedo consideró que la estrategia es una respuesta directa a la presión social derivada del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo que habría generado una caída en la percepción de seguridad.
“Es una reacción frente a las manifestaciones y críticas por la situación de Michoacán. Si las acciones se mantienen a largo plazo podrían funcionar, pero el despliegue militar por sí solo provoca el llamado ‘efecto cucaracha’, cuando los grupos delictivos se reacomodan al retirarse las fuerzas federales”, explicó.
Por su parte, el especialista Alexei Chévez señaló que el plan representa una oportunidad para “recuperar la paz y el estado de derecho”, aunque insistió en la necesidad de fortalecer las instituciones policiales mediante selección rigurosa, control de confianza y capacitación continua.
“Se requiere profesionalizar a las corporaciones locales, con entrenamiento de al menos seis meses, y evitar improvisaciones que terminen debilitando la estrategia”, añadió.
El académico de la Universidad de Monterrey, Juan Carlos Montero, opinó que, aunque el plan genera dudas, “es mejor que nada”, y pidió el respaldo de los michoacanos sin importar colores políticos. Sugirió que el modelo de colaboración aplicado en Ciudad Juárez y Nuevo León, que involucró a empresarios, sociedad civil y gobierno, podría replicarse en Michoacán.
A su vez, el consultor Juan Ruiz advirtió que el plan corre el riesgo de perder foco por la amplitud de sus más de 100 acciones. “Es necesario priorizar lo esencial: combatir la corrupción narcopolítica y la extorsión contra la industria aguacatera. Lo importante no es el anuncio, sino la ejecución”, puntualizó.
Finalmente, el doctor en Seguridad Pública de la UNAM, Daniel Alvarado, subrayó que la estrategia debe tener un enfoque regional, ya que los grupos criminales operan entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México, por lo que una acción aislada podría propiciar la migración delictiva hacia otras zonas.
“Si no hay coordinación regional, el crimen se moverá donde haya menos presión. Deben atacarse las causas del delito, pero sin descuidar las consecuencias”, concluyó.
Foto: Saúl López/Presidencia
