Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos a partir del 20 de enero, las deportaciones masivas de migrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos, generan una creciente preocupación entre activistas, organizaciones y albergues tanto en México como en el vecino del norte.
Se estima que al menos un millón de personas serán deportadas anualmente bajo la política migratoria de Trump, de las cuales 500 mil serían mexicanas, muchas de ellas con antecedentes penales. Albergues en Tijuana y Ciudad Juárez advierten que no cuentan con los recursos ni la infraestructura para atender a los deportados y desplazados.
• Costos elevados: Mantener a cada migrante representa entre 350 y 500 pesos diarios, sin incluir servicios médicos, legales o psicológicos.
• Colapso de servicios: Se prevé una saturación en albergues, sistemas de salud y educación.
• Riesgo de inseguridad: Muchos deportados huyen de la violencia en sus comunidades de origen, pero serán devueltos a territorios dominados por el crimen organizado.
Albert Rivera, del albergue Ágape en Tijuana, señala que el gobierno mexicano carece de un plan para manejar la crisis. Mientras tanto, activistas como Juvencio Rocha Peralta critican que México priorice las remesas sobre el bienestar de los deportados.
Organizaciones como el Frente Nacional de Migrantes urgen al gobierno de Claudia Sheinbaum a implementar un estado de emergenciay un plan integral que contemple empleo, vivienda y seguridad para los deportados. Sin embargo, la falta de estrategias concretas genera incertidumbre sobre la capacidad de respuesta ante esta crisis humanitaria.