A pesar de que la inversión en la primera infancia es clave para romper los ciclos de pobreza y fomentar la equidad social, el presupuesto destinado por el gobierno federal a los servicios de cuidado infantil en 2025 revela una distribución desigual que limita el acceso para niñas y niños sin afiliación a la seguridad social.
Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que más del 83% del presupuestoasignado para este rubro está concentrado en instituciones de seguridad social como el IMSS e ISSSTE, dejando fuera a millones de menores cuyos padres no cuentan con empleos formales.
Para este año, el gobierno federal destinó 24 mil 175 millones de pesos a cuatro programas de cuidado infantil, equivalentes al 0.07% del PIB, muy por debajo del 1.16% recomendado por organismos internacionales.
Los principales programas beneficiados son:
- Guarderías del IMSS: 16,525.9 mdp
- Estancias del ISSSTE: 3,597.8 mdp
- Apoyo a Madres Trabajadoras de la Secretaría del Bienestar: 3,185 mdp
- Expansión de la Educación Inicial de la SEP: 866.5 mdp
El CIEP alerta que el 55.7% de los niños y niñas de 0 a 5 años en México no tienen acceso a servicios de cuidado infantil, lo cual profundiza las desigualdades sociales y de género, especialmente para mujeres en situación de informalidad laboral.
Aunque entre 2013 y 2016 hubo un incremento presupuestal del 18%, entre 2017 y 2021 se redujo un 20.6% debido a recortes derivados de la política de austeridad y la reestructura de programas infantiles durante el cambio de gobierno de 2018. Desde 2022 ha habido una recuperación parcial, pero aún no se alcanzan los 26 mil mdp de 2016, su punto más alto histórico.
El informe insiste en que la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque universal es urgente para garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales desde los primeros años de vida. A pesar de contar con marcos legales como la ENAPI y la PNEI, la falta de presupuesto limita su aplicación efectiva.
El CIEP concluye que invertir en la primera infancia genera beneficios a largo plazo, como la reducción de costos en salud, educación y asistencia social. Por ello, llama a rediseñar la política presupuestaria con un enfoque de justicia social que incluya a la niñez más vulnerable del país.