El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1990, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de proteger al sistema bancario en caso de crisis financieras. Aunque fue ideado como un mecanismo preventivo, no se activó sino hasta 1995, bajo el mandato de Ernesto Zedillo, en respuesta a la grave crisis económica que estalló en diciembre de 1994.
La activación del Fobaproa implicó que el gobierno federal absorbiera las deudas incobrables de los bancos privados, por un monto inicial de 552,300 millones de pesos, trasladando esa deuda al erario público. En otras palabras, las deudas privadas de empresarios y banqueros pasaron a ser pagadas con recursos públicos, es decir, con los impuestos de todos los mexicanos.
La polémica que marcó al PRI y la historia electoral
El rescate bancario se convirtió en uno de los escándalos políticos más grandes del país, alimentando el desprestigio del PRI, que tras décadas de dominio perdió por primera vez la presidencia en el año 2000.
A este escándalo se sumaron otros eventos como la presunta manipulación electoral en 1988, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la devaluación del peso en los primeros días del gobierno de Zedillo, formando un cóctel de desconfianza ciudadana.
De Fobaproa al IPAB: una deuda aún viva
En 1999, el Fobaproa fue reemplazado formalmente por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), bajo la promesa de regular mejor los rescates financieros y evitar futuros abusos. No obstante, la deuda adquirida por el Fobaproa no desapareció.
Hasta diciembre de 2021, la deuda del Fobaproa-IPAB ascendía a más de 1 billón 040 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Esta deuda sigue pagándose anualmente a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que significa que generaciones enteras continúan financiando el rescate de la banca privada de hace casi 30 años.
¿Por qué se sigue pagando?
Porque se trata de una deuda pública registrada en los balances nacionales. Sus intereses y amortizaciones se cubren con recursos federales, que bien podrían destinarse a salud, educación, infraestructura o programas sociales. Aunque el Fobaproa fue presentado como una medida para evitar el colapso del sistema financiero, su legado aún genera fuertes críticas sobre el uso de recursos públicos para rescatar intereses privados.