La propuesta de reforma a la Ley del Infonavit presentada por Claudia Sheinbaum, ahora en discusión pública, plantea cambios profundos en la gobernanza del organismo. Aunque busca establecer esquemas de arrendamiento social y ampliar su alcance como constructor de vivienda, los ajustes al tripartismo —modelo que equilibra la participación de los sectores laboral, empresarial y gubernamental— han desatado controversia.
Entre los cambios destacan:
• Mayor peso del gobierno: El director general del Infonavit será nombrado directamente por el presidente y tendrá derecho de veto. Además, la Asamblea General y el Consejo de Administración del organismo reducirán su tamaño, favoreciendo la representación gubernamental.
• Filial constructora: Se permitirá al Infonavit constituir una empresa para desarrollar vivienda. Sin embargo, sindicatos y empresarios han expresado su rechazo por temor a un posible uso discrecional de los recursos.
• Supervisión reducida: La reforma excluye al Infonavit de las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque Hacienda emitirá reglas prudenciales.
Reacciones en contra
El sector laboral, representado por 23 organizaciones sindicales, advirtió que reducir el tripartismo a una figura simbólica podría debilitar los mecanismos de vigilancia y afectar la estabilidad financiera del organismo. A este rechazo se suman voces opositoras en el Senado, quienes acusan riesgos en el manejo de los 2.4 billones de pesos en activos del instituto.
La Asamblea General del Infonavit, donde se discutirían estas posturas, fue pospuesta debido a “motivos de fuerza mayor”. Este aplazamiento ocurre en medio del debate sobre una de las reformas más trascendentales en la historia del organismo, creado en 1972.