El tema de las obligaciones fiscales tras el fallecimiento de un contribuyente es complejo y, desafortunadamente, las deudas no desaparecen automáticamente. Los bienes, derechos y obligaciones, incluyendo las deudas fiscales, se heredan. Esto significa que, si la persona fallecida tenía actividades empresariales o generaba ingresos por arrendamiento, sus herederos asumirán esas deudas. Sin embargo, las deudas derivadas de salario o honorarios no se transmiten a los herederos.
Los herederos o legatarios tienen la opción de aceptar o rechazar la herencia si las deudas superan el valor de los bienes heredados. Si un heredero recibe un negocio, deberá cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes a ese negocio.
En el caso de que el fallecido tenga un saldo a favor ante el SAT, este puede ser reclamado por los herederos. Es esencial notificar al SAT sobre el fallecimiento y realizar la liquidación de la sucesión en un plazo de 30 días. Luego, el albacea debe presentar una solicitud formal para que el SAT libere el saldo a favor, que puede utilizarse para reducir futuros pagos de impuestos.
El SAT tiene la autoridad para embargar bienes si las deudas provienen de actividades empresariales o arrendamiento. Sin embargo, hay excepciones, como los bienes registrados como patrimonio familiar, que pueden ser inembargables dependiendo de la legislación estatal. Además, los bienes no relacionados con la actividad empresarial del fallecido, como un automóvil heredado sin vínculo comercial, no deberían ser embargados.
Ante el fallecimiento de un contribuyente, es crucial realizar varios trámites de manera oportuna para evitar complicaciones futuras. Se recomienda notificar al SAT del fallecimiento, realizar un inventario de los bienes y deudas, y regularizar la herencia. La Prodecon puede ser de ayuda si surgen problemas con embargos.
Para dar de baja a una persona fallecida en el SAT, se deben seguir ciertos pasos y presentar documentación específica, que incluye el formato oficial de cancelación del RFC, el acta de defunción, y una identificación oficial del contribuyente o del representante legal.