Las recientes reformas a la Ley General de Salud (LGS) representan un avance hacia la universalización del acceso a servicios médicos en México, al permitir que las personas puedan atenderse en cualquier institución pública, sin importar su afiliación. Organizaciones como México Evalúa, CIEP y Fundar reconocieron que estos cambios fortalecen la rectoría de la Secretaría de Salud y buscan integrar el sistema nacional.
Sin embargo, advirtieron que la reforma también abre riesgos de discrecionalidad, especialmente en el manejo del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), al eliminar reglas claras sobre la distribución de recursos. Antes, el fondo destinaba porcentajes fijos a enfermedades de alto costo, infraestructura y medicamentos.
Especialistas señalaron que sin mecanismos sólidos de transparencia, reglas claras de pago entre instituciones y mayor rendición de cuentas, la reforma podría afectar la calidad y continuidad de la atención médica, en especial para pacientes con cáncer o VIH. También subrayaron que se requiere mayor presupuesto para que los cambios sean efectivos.
