Alejandro Gertz Manero presentó este jueves su renuncia como fiscal general de la República, después de varias horas de incertidumbre y una negociación prolongada con el oficialismo. Su salida ocurre a poco más de tres años de que concluyera su mandato, previsto para enero de 2028. En su carta de renuncia, Gertz reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una embajada, lo que —según dijo— le permitirá continuar en el servicio público.
La dimisión ocurre en medio de un enfriamiento en la relación entre el ahora exfiscal y el Gabinete de Seguridad, así como con la propia presidenta. Su gestión quedó marcada por claroscuros: desde la transición de Procuraduría a Fiscalía, hasta polémicos casos que nunca avanzaron, como Odebrecht, Segalmex y el estancamiento de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También quedó señalado por el caso de su familia política, que derivó en la detención y posterior liberación de Alejandra Cuevas, en uno de los episodios más controvertidos de su administración.
La salida de Gertz abre la puerta para que el Gobierno de Sheinbaum redefina la estrategia de procuración de justicia. Mientras el fiscal especializado de Control Competencial asume de manera interina, el Senado deberá elegir al próximo titular de la FGR, una figura clave para enfrentar los altos índices de impunidad. Para el Gobierno, colocar a un perfil alineado a su visión permitiría fortalecer las investigaciones penales y mejorar los resultados ante los jueces, uno de los principales retos actuales.
Gertz cierra así su ciclo como primer fiscal general autónomo, tras una trayectoria de décadas en la vida pública que incluye cargos policiales, legislativos y operativos en seguridad nacional. Su paso por la Fiscalía queda registrado como una etapa de contrastes, polémicas y promesas inconclusas en la justicia mexicana.
