El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su ingreso a la cárcel de Rikers, en Nueva York. La decisión fue tomada por la jueza Andrea Masley, luego de que AT&T lo demandara por una millonaria deuda de impuestos ligada a la compra de Iusacell en 2015.
AT&T adquirió la red de telefonía de Salinas por 2,5 millones de dólares en aquel entonces, cuando Iusacell era el tercer operador móvil en México con más de ocho millones de usuarios. Sin embargo, la transacción arrastraba deudas fiscales que derivaron en un proceso legal en la Corte Suprema del Estado de Nueva York desde 2020. Tras cinco años de litigios, la justicia determinó que Grupo Salinas Telecom debía cubrir la fianza y más de un millón de dólares en honorarios legales.
El caso no solo exhibe la fragilidad de la operación que AT&T realizó en México, la cual terminó con su inminente salida del país tras no lograr consolidarse en el mercado, sino que también coloca bajo presión la reputación empresarial de Salinas Pliego. En México, el magnate enfrenta reclamos fiscales por parte del SAT que ascienden a 75.000 millones de pesos, lo que lo coloca como uno de los principales deudores del fisco.
En el ámbito internacional, inversionistas estadounidenses también buscan recuperar 400 millones de dólares en bonos no pagados durante la pandemia. El tema incluso ha escalado a la esfera política, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que el Poder Judicial debe resolver estos litigios sin trasladar responsabilidades al Estado mexicano. “La pandemia ya pasó, eso ya fue, ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes”, afirmó la mandataria.
Las disputas legales de Salinas Pliego reflejan no solo la complejidad de su imperio empresarial, que abarca banca, medios de comunicación y telecomunicaciones, sino también el pulso que mantienen las grandes fortunas mexicanas frente a las obligaciones fiscales y la supervisión del gobierno.