La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad las medidas cautelares que protegen a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, frente a un juicio de revocación de mandato y una auditoría estatal por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.
El pleno del máximo tribunal desechó cuatro recursos de reclamación promovidos por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con los que se buscaba revertir la admisión de las controversias constitucionales y las suspensiones otorgadas desde junio de 2025. Con esta decisión, las medidas seguirán vigentes hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Las suspensiones fueron concedidas por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el entonces ministro Javier Laynez Potisek, y se sostienen bajo el criterio de que existe “apariencia del buen derecho y peligro en la demora”, según el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.
La Corte consideró que la fiscalización de recursos federales, como los del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que autoridades estatales no pueden intervenir en ese proceso. Este punto fue clave para mantener la protección a la edil mientras se analiza la constitucionalidad de las acciones en su contra.
Las controversias fueron promovidas por la alcaldesa a través del síndico municipal Miguel Jaimes Ramos, con el objetivo de frenar un posible proceso de revocación y los requerimientos de información relacionados con la Cuenta Pública 2023. En la revisión también participaron proyectos de las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra.
Con esta resolución, la Corte mantiene vigente el blindaje legal a la presidenta municipal de Acapulco, mientras se define de manera definitiva el alcance de las controversias constitucionales y la competencia de las autoridades involucradas.
