El Senado de la República, con mayoría de Morena, aprobó un pronunciamiento para solicitar la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, luego de que este organismo abriera un procedimiento para analizar la crisis de desapariciones en México.
Con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, el pronunciamiento fue aprobado bajo el argumento de que en México no existen desapariciones forzadas por parte del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “la desaparición forzada no existe en México”, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó al comité de actuar “con irresponsabilidad”.
Sin embargo, cifras oficiales contradicen ese discurso: actualmente hay más de 124 mil personas desaparecidas en el país. El CED activó el Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, que permite elevar el caso a la Asamblea General de la ONU si se considera que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones.
Desde la oposición, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reprocharon el intento del gobierno mexicano de desacreditar a la ONU y negar una realidad que, aseguran, no ha sido enfrentada con eficacia. “Las desapariciones forzadas no se detuvieron con Morena, al contrario, han aumentado”, afirmó el panista Marko Cortés.
El Comité de la ONU ha señalado que el Estado es responsable de investigar todas las desapariciones, incluidas las perpetradas por el crimen organizado, si estas permanecen impunes. También ha denunciado la crisis forense en el país, con miles de cuerpos sin identificar en instalaciones oficiales.
Aunque el gobierno rechaza el término “desaparición forzada”, organismos internacionales lo aplican también a los casos donde hay omisión, complicidad o colusión de autoridades, aún sin una orden directa. La historia mexicana está marcada por casos como Ayotzinapa o los ocurridos durante la Guerra Sucia, reconocidos incluso por el propio Estado como desapariciones forzadas.