A tres años del convenio entre México y Cuba para incorporar médicos cubanos al sistema de salud pública, no existen métricas oficiales que permitan evaluar su impacto. Solicitudes de información hechas por El Universal a la Secretaría de Salud, el IMSS y el IMSS-Bienestar revelaron que ninguna dependencia asume responsabilidad sobre el seguimiento y evaluación del programa, pese a que el acuerdo contempla un mecanismo de tres fases que no ha sido reportado.
Se desconoce cuántas consultas han atendido, en qué regiones laboran o cuál es su desempeño profesional. El gasto estimado desde 2022 asciende a 2 mil 19 millones de pesos, pero no hay desglose de salarios, transporte, hospedaje ni otros beneficios. La fragmentación de responsabilidades entre instituciones mexicanas y contratistas cubanos ha creado un esquema sin control total, lo que dificulta la fiscalización y la rendición de cuentas.