El gobierno de Donald Trump logró que un tribunal federal de apelaciones en San Francisco suspendiera la orden que mantenía vigentes los Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60 mil migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Con esta decisión, miles de personas que residían legalmente en Estados Unidos bajo esta figura quedan en riesgo de deportación.
El TPS permite a los migrantes trabajar y permanecer en el país cuando sus naciones atraviesan crisis sociales o desastres naturales. Sin embargo, la Casa Blanca argumentó que las condiciones en esos países ya no justifican la medida. Organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron la acción como ilegal y advirtieron que dejará a miles de familias vulnerables.
Esta decisión se enmarca en la política de Trump de reforzar las deportaciones y reducir beneficios migratorios, lo que podría afectar gravemente a comunidades latinas en Estados Unidos.