El intento del presidente Donald Trump por eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha reactivado una de las controversias legales más profundas de la política migratoria moderna. Aunque la Corte Suprema dio al gobierno una victoria al limitar el alcance de las órdenes judiciales federales, la batalla por este derecho constitucional está lejos de resolverse.
La ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución desde 1868, garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense es automáticamente ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esta protección se ha mantenido durante más de un siglo y fue ratificada por la Corte Suprema en el histórico caso de Wong Kim Ark en 1898.
Sin embargo, Trump ha buscado revertir esta práctica mediante una orden ejecutiva firmada en enero, con la que intenta negar ese derecho a los hijos de personas en situación migratoria irregular o con permisos temporales. El presidente argumenta que la frase “sujeta a su jurisdicción” permite excluir a ciertos nacimientos, una interpretación que ningún tribunal ha respaldado hasta ahora.
La reciente decisión de la Corte Suprema no resolvió el fondo del asunto, pero sí limitó la posibilidad de que jueces federales bloqueen esta política en todo el país. Los casos regresan ahora a tribunales inferiores, donde se evaluará si la orden ejecutiva puede mantenerse o si debe seguir suspendida.
Entretanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los inmigrantes ya preparan nuevas acciones legales, incluida la presentación de demandas colectivas para frenar nacionalmente la aplicación de la medida. Expertos como Jessica Levinson y Suzette Malveaux advierten que, si bien es posible, será un camino complejo y técnico.
La jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, alertó sobre los efectos devastadores que podría tener la falta de una respuesta clara y uniforme por parte de la justicia: una ciudadanía en disputa, sujeta a interpretaciones distintas según el estado, lo que generaría un clima de inseguridad jurídica y temor.
Para quienes defienden la 14ª Enmienda, esta no es solo una discusión legal, sino un intento de socavar un principio central del pacto constitucional estadounidense. “Negar este derecho es invitar al caos, la desigualdad y el miedo”, afirmó Krish O’Mara Vignarajah, directora de la organización Global Refuge.