La Administración de Donald Trump anunció una nueva serie de restricciones que permitirá negar visas a extranjeros que padezcan obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos crónicos. De acuerdo con un cable enviado por el Departamento de Estado a embajadas y consulados, estas personas representan una “probable carga pública” por los costos médicos que podrían generar, una justificación que amplía significativamente el alcance de la política migratoria estadounidense.
Las directrices, que entrarán en vigor en enero de 2026, instruyen a los funcionarios a evaluar si el solicitante tiene la capacidad económica para costear terapias, medicinas o intervenciones que podrían acumular gastos de cientos de miles de dólares a lo largo de su vida. Además, otorgan a los agentes consulares un poder discrecional sin precedentes: podrán rechazar visas basándose únicamente en su interpretación del estado de salud del solicitante y en escenarios futuros que consideren probables. Expertos legales advierten que la medida contradice el propio Manual de Asuntos Exteriores del gobierno estadounidense, que prohíbe negar visas basándose en hipótesis.
El gobierno también pide que se analice la salud de los familiares del solicitante, incluidos padres e hijos. La carga económica potencial de un dependiente con discapacidad o enfermedad crónica podría ser motivo suficiente para una negación. Organizaciones como KFF Health News y CLINIC señalan que esto abre la puerta a decisiones arbitrarias, pues los agentes consulares no tienen formación médica y podrían basarse en percepciones personales o prejuicios. La nueva orden llega en un contexto de medidas más estrictas, como tarifas de hasta 15.000 dólares para viajeros de ciertos países o la revisión de “opiniones antiestadounidenses”.
En un mundo donde uno de cada diez habitantes vive con diabetes y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte global, esta política podría bloquear la inmigración de millones de personas. Grupos defensores de migrantes anticipan litigios y aseguran que la medida afectará de manera desproporcionada a personas de países en desarrollo, donde el acceso a tratamientos preventivos es limitado.
