La administración de Donald Trump enfrenta su primer gran escándalo de ciberseguridad tras descubrirse un hackeo al sistema electrónico de gestión de casos de la judicatura federal de EE. UU., detectado alrededor del 4 de julio. El ataque obligó a varios tribunales a volver temporalmente a la presentación de documentos en papel y habría comprometido expedientes sellados, incluyendo posibles datos de testigos e informantes en múltiples estados.
De acuerdo con Politico, los atacantes explotaron vulnerabilidades que no fueron corregidas desde una brecha similar ocurrida en 2020, durante el primer mandato de Trump. Aunque reportes apuntan a que Rusia estuvo involucrada, expertos advierten que podrían haber participado grupos respaldados por varios países e incluso redes criminales.
Especialistas en seguridad cibernética señalan que la falta de transparencia sobre el alcance del ataque es preocupante, y que medidas recomendadas tras el incidente previo —como aislar sistemas con documentos sensibles— no se implementaron, lo que permitió que el robo de información se agravara.