Senadores de Morena advirtieron que la actuación del gobierno de Chihuahua en el caso de presunta colaboración con agentes de la CIA en un operativo antidrogas podría configurar no sólo responsabilidades políticas y administrativas, sino también penales, al considerar que se incurrió en una posible traición a la patria.
Desde el pleno del Senado, legisladores oficialistas sostuvieron que la presunta participación de agentes extranjeros en acciones de seguridad en territorio nacional, sin conocimiento ni autorización del gobierno federal, representa una violación grave al marco constitucional y a la soberanía del país.
La controversia escaló luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, declinó acudir a la reunión de trabajo convocada por el Senado para explicar la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en la entidad.
La ausencia de la mandataria panista detonó un fuerte choque entre Morena y PAN en el Senado, luego de que su negativa se conociera primero en medios de comunicación antes de ser notificada formalmente a los órganos legislativos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, reprochó que la respuesta de la mandataria se filtrara antes de llegar oficialmente al Senado, lo que calificó como muestra de una crisis institucional.
Durante el debate, senadores de Morena como Óscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Javier Corral acusaron al gobierno estatal de encubrir decisiones que vulneraron competencias exclusivas de la federación en materia de seguridad nacional.
Los legisladores argumentaron que el artículo 117 constitucional prohíbe a los estados celebrar alianzas o acuerdos con gobiernos extranjeros, por lo que cualquier coordinación de autoridades locales con agencias como la CIA sin aval federal podría derivar en responsabilidades graves.
En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, defendió a la gobernadora y acusó a Morena de intentar un “linchamiento político”, al sostener que la mandataria no cometió delito alguno al recibir información que permitió desmantelar un narcolaboratorio.
Morena también cuestionó la creación de una unidad especializada en la Fiscalía de Chihuahua para atender delitos federales, al señalar que esa atribución corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República.
El caso abrió un nuevo frente de confrontación entre Morena y el PAN, con implicaciones que escalan del debate político a posibles consecuencias penales por presuntas violaciones a la soberanía nacional.
