La Cámara de Diputados acumula más de mil 200 solicitudes de juicio político durante los últimos 15 años sin lograr una resolución. El rezago volvió al debate público tras propuestas recientes para promover nuevos procesos políticos.
Hugo Éric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, explicó a Milenio que gran parte de las denuncias prescribieron. La legislación establece que estos procedimientos deben iniciar durante el periodo del servidor público señalado o hasta un año después de dejar el cargo.
En el actual sexenio suman 57 solicitudes de juicio político. Entre las personas señaladas aparecen Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Hilda Araceli Brown y Rosario Piedra. Durante la administración anterior también surgieron peticiones contra Alejandro Gertz Manero, Arturo Zaldívar, Lorenzo Córdova y Hugo López-Gatell.
La ley establece que las comisiones de Gobernación y Justicia deben formar una Subcomisión de Examen Previo para analizar denuncias. Sin embargo, en la actual Legislatura no quedó integrada esta instancia, lo que mantiene pendientes múltiples expedientes.
El tema tomó fuerza luego de propuestas desde Morena relacionadas con impulsar juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. El rezago legislativo expone limitaciones operativas para procesar este tipo de mecanismos de control político.
La falta de resolución en estos procesos impacta la confianza ciudadana porque la rendición de cuentas y la vigilancia institucional influyen directamente en la percepción de justicia y legalidad.
