Tres cooperativas creadas a principios de 2026 recibieron contratos por más de 76 millones de pesos mediante adjudicación directa, apenas dos meses después de su constitución, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con el reportaje, las sociedades Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fueron constituidas ante el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), encabezado por Catalina Monreal, y posteriormente obtuvieron contratos para prestar servicios de limpieza al DIF, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La investigación señala que, en al menos dos casos, las adjudicaciones directas fueron justificadas con estudios de mercado en los que las únicas opciones evaluadas eran las mismas cooperativas recién creadas, que aún no contaban con historial operativo.
MCCI también documentó testimonios de integrantes de las cooperativas, quienes aseguraron desconocer el monto de los contratos firmados a nombre de las sociedades y afirmaron que el INAES administra las cuentas bancarias, la firma electrónica, los recursos y la nómina, pese a que el modelo de cooperativas contempla que sean los propios socios quienes controlen su operación.
Además, algunos trabajadores señalaron que solicitaron un préstamo de 3 millones de pesos a Financiera para el Bienestar (Finabien) para poner en marcha las cooperativas, pero aseguraron que nunca recibieron directamente esos recursos y desconocen cómo fueron utilizados.
Hasta el momento, el INAES no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos difundidos por MCCI. La investigación también indica que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno otorgó uno de los contratos más elevados, por 50.5 millones de pesos, dentro de la estrategia federal de Compras Públicas Sostenibles, diseñada para incorporar cooperativas como proveedoras del Gobierno.
El reportaje ha reavivado el debate sobre la transparencia en las adjudicaciones directas y la supervisión de los recursos públicos destinados a organizaciones del sector social.
