Tres cooperativas creadas a principios de 2026 recibieron contratos por m谩s de 76 millones de pesos mediante adjudicaci贸n directa, apenas dos meses despu茅s de su constituci贸n, seg煤n una investigaci贸n de Mexicanos Contra la Corrupci贸n y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con el reportaje, las sociedades Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fueron constituidas ante el Instituto Nacional de Econom铆a Social (INAES), encabezado por Catalina Monreal, y posteriormente obtuvieron contratos para prestar servicios de limpieza al DIF, la Secretar铆a del Trabajo y la Secretar铆a Anticorrupci贸n y Buen Gobierno.
La investigaci贸n se帽ala que, en al menos dos casos, las adjudicaciones directas fueron justificadas con estudios de mercado en los que las 煤nicas opciones evaluadas eran las mismas cooperativas reci茅n creadas, que a煤n no contaban con historial operativo.
MCCI tambi茅n document贸 testimonios de integrantes de las cooperativas, quienes aseguraron desconocer el monto de los contratos firmados a nombre de las sociedades y afirmaron que el INAES administra las cuentas bancarias, la firma electr贸nica, los recursos y la n贸mina, pese a que el modelo de cooperativas contempla que sean los propios socios quienes controlen su operaci贸n.
Adem谩s, algunos trabajadores se帽alaron que solicitaron un pr茅stamo de 3 millones de pesos a Financiera para el Bienestar (Finabien) para poner en marcha las cooperativas, pero aseguraron que nunca recibieron directamente esos recursos y desconocen c贸mo fueron utilizados.
Hasta el momento, el INAES no ha emitido una postura p煤blica sobre los se帽alamientos difundidos por MCCI. La investigaci贸n tambi茅n indica que la Secretar铆a Anticorrupci贸n y Buen Gobierno otorg贸 uno de los contratos m谩s elevados, por 50.5 millones de pesos, dentro de la estrategia federal de Compras P煤blicas Sostenibles, dise帽ada para incorporar cooperativas como proveedoras del Gobierno.
El reportaje ha reavivado el debate sobre la transparencia en las adjudicaciones directas y la supervisi贸n de los recursos p煤blicos destinados a organizaciones del sector social.
