La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de asegurar que en su país “no volverá a haber elecciones” provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, que advirtió que no permanecerá “de brazos cruzados” ante lo que considera un nuevo avance del autoritarismo.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump y la comunidad internacional responderán al incremento de la represión política en Nicaragua. En un mensaje difundido en la red social X y un comunicado oficial, Rubio sostuvo que las declaraciones de Ortega reflejan “su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense” y calificó al régimen encabezado por Ortega y Rosario Murillo como una amenaza para la estabilidad regional.
Durante un acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que no habrá más procesos electorales para evitar que la oposición llegue al poder. Además, anunció que impulsará nuevas leyes contra quienes calificó como “golpistas” y “vendepatria”.
Las declaraciones encendieron las alertas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que eliminar las elecciones es incompatible con los principios democráticos, mientras que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) pidió una respuesta internacional para garantizar el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes.
Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones presidenciales en 2027, luego de que una reforma constitucional aprobada en 2025 aplazara los comicios originalmente programados para 2026. Sin embargo, las recientes declaraciones de Ortega ponen en duda que esa elección llegue a realizarse.
Desde 2007, Daniel Ortega permanece en el poder. Organismos internacionales han cuestionado las elecciones de 2021, en las que el Frente Sandinista obtuvo el 75.92% de los votos tras la detención y exclusión de los principales candidatos opositores. En 2025, una nueva reforma constitucional amplió el periodo presidencial, convirtió a Rosario Murillo en copresidenta y eliminó diversos contrapesos institucionales, medidas que fueron rechazadas por la ONU, la OEA y otros organismos internacionales.
