El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente al juez federal Brian M. Cogan imponer una sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada García, además de ordenar el decomiso de 15 mil millones de dólares, una de las cifras más altas reclamadas en un proceso contra un narcotraficante.
De acuerdo con el memorando presentado por la Fiscalía estadounidense, el exlíder del Cártel de Sinaloa fue durante décadas uno de los principales administradores de la organización criminal, responsable del tráfico de millones de kilogramos de drogas hacia territorio estadounidense.
Los fiscales sostienen que, bajo su liderazgo, el cártel obtuvo ganancias multimillonarias y operó mediante una estructura sustentada en secuestros, homicidios, torturas y el pago de sobornos a funcionarios de distintos niveles en México para garantizar el funcionamiento de la organización.
La solicitud de decomiso por 15 mil millones de dólares, equivalentes a más de 262 mil millones de pesos, corresponde, según el Departamento de Justicia, a las ganancias ilícitas obtenidas durante el periodo en que Zambada compartió el liderazgo del Cártel de Sinaloa con Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como a los ingresos generados posteriormente cuando asumió el control de la organización.
La cantidad supera incluso los 12.6 mil millones de dólares reclamados en el proceso judicial contra “El Chapo” Guzmán y, de acuerdo con la Fiscalía, forma parte de los términos aceptados por el propio Zambada dentro de su acuerdo de culpabilidad.
En el mismo documento, los fiscales rechazaron la petición de la defensa para que el narcotraficante, de 76 años, sea recluido en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a sus problemas de salud.
Aunque el gobierno estadounidense señaló que no se opone a que se valoren sus condiciones médicas para determinar el penal donde cumplirá su condena, advirtió que “El Mayo” continúa representando un riesgo para la seguridad nacional, ya que el Cártel de Sinaloa sigue activo y varios de sus integrantes, incluidos familiares cercanos, mantienen capacidad de operación.
Por ello, la Fiscalía argumentó que el narcotraficante podría intentar seguir dirigiendo actividades delictivas desde prisión si es enviado a una instalación con menores medidas de seguridad.
