El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una advertencia sobre una posible ofensiva anticorrupción impulsada por la administración de Donald Trump, que podría incluir acciones legales contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Durante un evento en Los Mochis, el diplomático señaló que la corrupción representa un obstáculo directo para la inversión, el crecimiento económico y la estabilidad de proyectos estratégicos, al advertir que Estados Unidos podría endurecer medidas contra actores políticos bajo sospecha.
Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración de una planta de metanol vinculada al proyecto Pacifico Mexinol, considerada una de las mayores inversiones privadas estadounidenses recientes en México.
Johnson subrayó que el combate a la corrupción es una condición clave para el desarrollo económico y el cumplimiento de compromisos internacionales, incluidos los derivados del tratado comercial de América del Norte.
De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, la estrategia podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir acusaciones formales en tribunales de Estados Unidos contra políticos mexicanos, incluso de Morena.
La respuesta del gobierno mexicano fue cautelosa. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con ironía al señalar que su administración ya trabaja en combatir la corrupción y sugirió que Estados Unidos debería aplicar medidas similares en su propio territorio.
El posible endurecimiento de la política estadounidense ocurre en un momento clave, con negociaciones en curso para revisar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, uno de los pilares de la economía mexicana.
La iniciativa también podría apoyarse en testimonios de exintegrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos, quienes podrían colaborar como informantes en investigaciones contra redes de corrupción política.
Entre los casos señalados por fuentes se menciona la cancelación de visas a funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado vínculos con el crimen organizado.
El contexto en la entidad se ha visto marcado por controversias, como el asesinato del exrector y político Héctor Melesio Cuén Ojeda en 2024, un caso que generó cuestionamientos sobre la actuación de autoridades locales.
El mensaje del embajador, emitido en una de las regiones históricamente ligadas al narcotráfico, fue interpretado como una señal de presión hacia el gobierno mexicano en materia de transparencia y Estado de derecho, con posibles repercusiones en la relación bilateral.
