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La Fiscalía de Aguascalientes investiga al youtuber José Lápiz por una publicación en la que presuntamente ofreció 40 mil pesos para agredir al obispo Juan Espinoza Jiménez. La autoridad analiza posibles delitos de amenazas y apología del delito.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación contra el creador de contenido José Lápiz, luego de una publicación en redes sociales en la que presuntamente ofreció 40 mil pesos para agredir al obispo Juan Espinoza Jiménez.

El caso es analizado por la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos. El fiscal estatal, Manuel Alonso García, informó que las primeras diligencias comenzaron el 1 de octubre, cuando las autoridades detectaron el mensaje durante labores de ciberpatrullaje.

La Fiscalía analiza si las publicaciones pueden constituir amenazas o apología del delito. También busca establecer el contexto, origen y alcance de los mensajes antes de determinar las posibles responsabilidades penales.

De acuerdo con el fiscal, el contenido fue publicado en más de una ocasión. Por ello, las autoridades consideran que no se trataría únicamente de una publicación aislada.

La investigación también contempla la identificación de la cuenta y del dispositivo desde el que se difundieron los mensajes. La Fiscalía trabaja en la integración de los elementos necesarios para determinar si existen condiciones para solicitar una orden judicial.

José Lápiz cuenta con más de 600 mil suscriptores en YouTube y mantiene actividad en distintas plataformas digitales. Sus contenidos suelen abordar con sátira y críticas a políticos, empresarios y representantes religiosos.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, expresó su respaldo al obispo de Aguascalientes y señaló que las amenazas representan un intento de intimidación contra la Iglesia. También pidió no minimizar el caso.

La investigación permanece abierta. La Fiscalía deberá determinar si las expresiones difundidas en redes sociales configuran un delito y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso vuelve a colocar en el centro el uso de redes sociales para difundir mensajes que pueden representar riesgos para terceros y el alcance de la responsabilidad penal frente a este tipo de publicaciones.

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