La Fiscalía General de la República investiga una red de huachicol fiscal que ingresó ilegalmente a México 144 millones de litros de combustibles en un periodo de 52 días. De acuerdo con las indagatorias, la operación se realizó entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 mediante un esquema de importaciones fraudulentas.
Según la investigación retomada por el Reforma, la organización introdujo un promedio de 2.7 millones de litros diarios por la Aduana de Matamoros. La FGR sostiene que se utilizaron 291 pedimentos de importación con información falsa para internar mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera, declarados como si transportaran solución de cloruro de calcio.
Las autoridades señalan que los hidrocarburos tenían como destinatarias a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group, con apoyo de la agencia Servicios Aduanales JR para realizar los trámites. Posteriormente, el combustible era trasladado por ferrocarril hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. La Fiscalía indicó que el objetivo era evadir controles aduaneros y el pago de impuestos.
Hasta el momento, siete personas han sido detenidas y vinculadas al caso. Entre ellas figuran el propietario de la agencia aduanal, verificadores, directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México y socios de una de las empresas involucradas. La captura más reciente ocurrió el 12 de junio de 2026 con la deportación desde Estados Unidos de Carlos Eugenio Benítez Orta, exsubdirector aduanero.
El combate al contrabando de combustibles busca reducir las pérdidas fiscales y proteger la competencia legal, un factor que puede influir en la recaudación pública y en el funcionamiento del mercado energético en beneficio de la población.