Ciudad de México, 18 de julio de 2026. El Gobierno de México endureció su estrategia para defender a los connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos al anunciar que promoverá acciones legales para exigir el esclarecimiento de los casos registrados en territorio estadounidense.
La decisión surge tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida durante un operativo en Texas luego de ser confundido con otra persona. Con este caso, suman 17 mexicanos fallecidos en incidentes relacionados con acciones del ICE desde el inicio de la actual administración estadounidense, de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las denuncias serán presentadas tanto ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos como ante las fiscalías estatales donde ocurrieron los hechos. Además, el Gobierno mexicano notificó los casos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de solicitar seguimiento internacional.
La estrategia representa un cambio respecto a la respuesta tradicional basada en notas diplomáticas y asistencia consular, al incorporar mecanismos judiciales para buscar responsabilidades en los casos donde existan indicios de uso indebido de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.
El contexto coincide con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Diversos reportes documentan un incremento en los operativos de detención y deportación, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones en algunos centros de detención y por el uso de la fuerza durante diversos arrestos.
De acuerdo con datos difundidos por medios estadounidenses, decenas de personas han fallecido durante operativos o mientras permanecían bajo custodia migratoria en el último año y medio, situación que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos aplicados por las autoridades encargadas del control migratorio.
Especialistas en migración consideran que la decisión de México podría abrir una nueva etapa en la defensa jurídica de sus ciudadanos en el extranjero, aunque advierten que los procesos dependerán del sistema judicial estadounidense y podrían prolongarse durante varios meses.
Mientras tanto, organizaciones de migrantes han solicitado reforzar la red consular mexicana en Estados Unidos para ampliar la asistencia legal, brindar acompañamiento a las familias afectadas y fortalecer la protección de millones de mexicanos que residen en ese país.
El Gobierno mexicano ha señalado que las acciones legales no buscan generar una confrontación bilateral, sino garantizar que las investigaciones se realicen con transparencia, se determinen responsabilidades cuando corresponda y se protejan los derechos de los connacionales en territorio estadounidense.
