Más de 93 mil jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro podrían enfrentar recortes de hasta 60% en sus pensiones tras una reforma constitucional recientemente publicada.
El cambio al Artículo 127 establece un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El límite será equivalente al 50% del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Ante este escenario, jubilados de diversas entidades realizaron protestas en Paseo de la Reforma. Exigen la suspensión de la medida y denuncian que vulnera derechos adquiridos, al modificar condiciones bajo las que se retiraron.
Los inconformes advierten que la reforma podría violar el principio de no retroactividad de la ley. Por ello, preparan una estrategia legal que incluye amparos y acciones ante tribunales.
El gobierno federal sostiene que la medida busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” y reducir el gasto público. Sin embargo, el conflicto podría escalar y definirse en instancias judiciales en las próximas semanas.
