La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó al descubierto un vacío legal que afecta directamente a la protección animal en México. Aunque la Constitución ya reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de protección, el máximo tribunal resolvió que ese avance no es suficiente sin una Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal que haga efectivo ese mandato.
El pasado 3 de febrero, la SCJN declaró inconstitucionales diversas fracciones de un reglamento del municipio de Tepic, Nayarit, que prohibían las peleas de animales. El fallo se basó en que la reforma constitucional contra el maltrato animal aún no cuenta con una ley reglamentaria que defina con claridad las competencias de los tres niveles de gobierno. La ministra Loretta Ortiz, con su voto decisivo, sostuvo que sin esa legislación general, las normas locales no pueden aplicarse plenamente.
La decisión encendió alertas entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Especialistas señalan que el reconocimiento constitucional, aprobado en años recientes, representa un avance histórico en América Latina, pero carece de fuerza real mientras el Congreso de la Unión no legisle de manera integral sobre bienestar animal, sanciones al maltrato y mecanismos de aplicación.
Actualmente, varios estados cuentan con leyes que castigan la crueldad animal, y la propia SCJN ha validado algunas de estas normas cuando están bien fundamentadas. Sin embargo, la falta de una ley general provoca fragmentación legal, criterios dispares y vacíos que pueden ser aprovechados para invalidar medidas de protección.
Colectivos como Igualdad Animal advierten que esta omisión legislativa no es solo técnica, sino política y ética. Señalan que millones de animales, desde mascotas hasta aquellos en la ganadería industrial, siguen sin una protección efectiva. Por ello, insisten en que aprobar una ley general es urgente para transformar el reconocimiento constitucional en acciones reales.
