El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó un amparo que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar las versiones públicas de los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus, al considerar que debe cumplir una resolución emitida por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La resolución favorece a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización que desde 2023 solicitó acceso a los contratos firmados por la Sedena en 2018 y 2019 con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., vinculados con la adquisición de un sistema denominado “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
Inicialmente, la dependencia negó la existencia de los documentos. Sin embargo, datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y documentos filtrados por el colectivo Guacamaya confirmaron contrataciones superiores a 140 millones de pesos para ese servicio.
Posteriormente, la Sedena reconoció la existencia de los contratos, pero clasificó su contenido como información reservada durante cinco años al argumentar razones de seguridad nacional. Tras ello, R3D promovió un juicio de amparo al considerar que la institución incumplió la resolución del INAI.
El Tribunal determinó que la resolución del organismo garante es obligatoria y que la Sedena no puede utilizar nuevamente el argumento de la reserva para impedir el acceso a información cuya entrega ya fue ordenada.
El caso forma parte de las investigaciones sobre el uso de Pegasus en México. Organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC han documentado presuntos casos de espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos mediante este software.
Las organizaciones celebraron la decisión judicial al considerar que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información sobre la adquisición de tecnologías de vigilancia por parte del Estado mexicano.
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